Carlos III

Carlos III (1716-1788), rey de las Dos Sicilias (1734-1759) y rey de España (1759-1788), el representante más genuino del despotismo ilustrado español.

Hijo del rey español Felipe V y de Isabel de Farnesio, nació el 20 de enero de 1716 en Madrid. Heredó de su madre en 1731 el ducado italiano de Parma, el cual ejerció hasta 1735, junto al de Plasencia (Piacenza), bajo la tutela de su abuela materna (Dorotea Sofía de Neoburgo). Después de que su padre invadiera en 1734 Nápoles y Sicilia, al año siguiente, y por medio de la firma del Tratado de Viena —que ponía fin a la guerra de Sucesión polaca—, fue reconocido como rey de las Dos Sicilias (título que recogía los dos reinos italianos de Nápoles y de Sicilia, que ya ejercía desde un año antes) con el nombre de Carlos VII. Como tal, adoptó reformas administrativas considerables y llevó a cabo una política de obras públicas que embellecieron la capital napolitana. En 1738, contrajo matrimonio con María Amalia de Sajonia.

En el primer periodo, los políticos más destacados fueron Ricardo Wall y Devreux, Jerónimo Grimaldi, el marqués del Campo del Villar y el marqués de Esquilache. El equipo de gobierno llevó a cabo una serie de reformas que provocaron un amplio descontento social. La aristocracia se vio afectada por la renovada Junta del Catastro, dirigida a estudiar la implantación de una contribución universal, o por la ruptura de su prepotencia en el Consejo de Castilla. Por su parte, el clero recibió continuos ataques a su inmunidad. Se limitó la autoridad de los jueces diocesanos, se logró el restablecimiento del pase regio (facultad regia de autorizar las normas eclesiásticas) y se redujeron las amortizaciones de bienes. A todo ello vino a unirse el descontento popular provocado por la política urbanística en Madrid (tasas de alumbrado o prohibición de arrojar basuras a la calle, por ejemplo), los intentos de modificación de las costumbres (bando de capas y sombreros) y algunas reformas administrativas y hacendísticas.

El Domingo de Ramos (23 de marzo) de 1766 estalló el motín en Madrid y en varias provincias, de forma muchas veces simultánea. Los amotinados proferían vivas al Rey y pedían la destitución del marqués de Esquilache y su camarilla de extranjeros. En las provincias se gritaba además contra los especuladores, representantes del poder local. Esquilache fue destituido y se tomaron una serie de medidas sobre el abastecimiento y el precio del grano. Con el restablecimiento del orden social se inició la segunda etapa del reinado. La política pasó a estar en manos de una serie de administradores e intelectuales nuevos, como José Moñino, conde de Floridablanca, Pedro Rodríguez Campomanes, Pedro Pablo Abarca, conde de Aranda, o Gaspar Melchor de Jovellanos, que aseguraron una continuidad en las reformas. La primera medida del nuevo equipo fue la expulsión de los jesuitas (febrero de 1767), a quienes el Dictamen Fiscal, elaborado por Campomanes, acusaba de instigadores del motín y enemigos del Rey y del sistema político, a la vez que denunciaba su afán de poder y de acumulación de riquezas y cuestionaba su postura doctrinal.

Al margen de este hecho, el segundo periodo del reinado español de Carlos III se caracteriza por una profunda renovación en la vida cultural y política. De la primera cabe destacar el intento de extensión de la educación a todos los grupos de la sociedad, mediante el establecimiento de centros dependientes de los municipios o de las Sociedades Económicas de Amigos del País, la creación de escuelas de agricultura o el equivalente a las de comercio en diversas ciudades, las propuestas de reforma de los estudios universitarios (1771 y 1786) y, en fin, el estímulo de la actividad de la Real Academia Española, cuya Gramática castellana (1771) se impuso como texto en las escuelas. De las innovaciones políticas sobresalen: la reforma del poder municipal y las propuestas económicas, cuyas líneas más significativas fueron la remodelación monetaria y fiscal, los intentos de modernización de la agricultura y la liberalización de los sectores industrial y comercial.

El 26 de junio de 1766, un Real Decreto establecía que en todos los pueblos de más de dos mil vecinos se nombraran cuatro diputados del común, que intervinieran con la justicia y los regidores en los abastos del lugar. Tendrían además voto y asiento en el ayuntamiento. La reforma, que fue perfilada con sucesivas órdenes, suponía sobre el papel una grave amenaza para el monopolio de las oligarquías urbanas. Las gentes del común se inhibieron, en general, y esto fue suficiente para que los grupos tradicionales mantuvieran el monopolio del poder municipal.